19/07/2021

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Régimen amenaza con penas de hasta 20 años para detenidos en protestas

La Fiscalía General de Cuba y el Ministerio del Interior (MININT) anunciaron el miércoles la celebración, en 96 horas, de juicios sumarios para los detenidos en las manifestaciones y condenas de entre tres meses y 20 años.

“Es un intento de aterrorizar a la gente para que no vuelva a suceder lo que vimos como una de las grandes jornadas de la historia de Cuba, sino la más grande, viniendo desde abajo y desde lo popular”, resaltó el activista político Manuel Cuesta Morúa, quien fue detenido el domingo cuando se dirigía a uno de los lugares de concentración.

En el programa de la Televisión Nacional “Hacemos Cuba” que conduce Humberto López, la fiscal jefa de la dirección de procesos penales de la Fiscalía General de la República, Liznay María Mederos Torres, expuso que están evaluando el papel de cada quien en estos hechos: quién “organiza”, quién “promueve”, quién “instiga”, quién “financia” y “quién es el que ejecuta los actos».

Los casos más graves demorarán más tiempo y podrían ser agravados porque acontecieron durante la pandemia de Covid-19, advirtió.

López dijo que los apresados serán acusados por los delitos de “desorden público”, “instigación a delinquir”, “robo con fuerza”, “resistencia”, “atentado”, “lesiones”, “desacato”, “daños a la propiedad” y “propagación de epidemias”.

En este aspecto, el abogado independiente Julio Ferrer escribió en Facebook que ni los medios de comunicación ni los periodistas pueden asegurar que un imputado “es culpable si no se ha dictado sentencia condenatoria en su contra y que ésta se haya hecho firme”.

El vocero oficialista insistió en que las manifestaciones fueron episodios “de vandalismo, de delincuencia y de vulgaridad» y son «promovidos por mercenarios y contrarrevolucionarios”, como afirmara el gobernante Miguel Díaz Canel.

“La tentativa, justamente, es de atemorizar a futuros protagonistas de marchas pacíficas, haciendo algo que es inconstitucional, que es criminalizando la protesta reconocida en el artículo 56 de la Constitución tratando de reducirla al vandalismo que, desafortunadamente, convive en todas las manifestaciones masivas y públicas que ha habido”, indicó Cuesta Morúa.

“Cuba, desafortunadamente no va a hacer la excepción de eso. El vandalismo ha ocurrido en la culta y preparada Chile, Colombia, los Estados Unidos y en todos los lugares donde las manifestaciones son masivas, colmadas de pueblo y de gente joven; siempre van a ser aprovechadas por otro tipo de actores en la sociedad que de alguna manera van a tratar de sacar partido a la situación”, señaló el opositor.

Si bien no proporcionó cifras, la coronel Moraima Bravet Garófalo, jefa de la Dirección General de la Investigación Criminal del MININT, confirmó que los arrestados en Cuba por las acciones pacíficas del 11 de julio “están, fundamentalmente, entre los 25 y 37 años».

«Hemos detectado a muchachos de 14 y 15 años en estas actividades vandálicas. Muchos vienen de familias marginales, los propios padres algunos han estado presos», sugirió la oficial y enseguida aclaró que a los menores se les aplicará «un tratamiento preventivo para tratar de corregir su conducta».

Sobre el particular el abogado independiente denunció que las funcionarias “hicieron públicos elementos contenidos en los citados procesos perjudiciales o incriminatorios contra los detenidos”.

“…Emitieron ambas, también juicios y consideraciones sobre las conductas de esas personas enteramente perjudiciales para esas personas tales como cito: ‘No son personas revolucionarias’ y otras como ‘son delincuentes, mercenarios’», puntualizó el jurista.

Ese proceder, opina el abogado, “quebranta las normas del Debido Proceso”.

Asimismo vulnera el derecho de los inculpados a disfrutar de igualdad de oportunidades que les ha concedido la Constitución, “y a la presunción de inocencia”, explicó Ferrer.

Bravet aseveró que el proceso investigativo se ha acelerado y que tienen pruebas de financiamientos desde el exterior o «mercenarismo».

La coronel destacó que el MININT no obliga a declarar, pero insinuó que sí trata de poner al culpable “en una posición favorable” “para que se tenga en cuenta en el proceso penal”, que “se arrepienta del hecho que cometió».

Respecto a los ataques a la Policía y otros hechos vandálicos, apuntó que “los delitos serán más severos porque no lo podemos permitir porque la calle es de los revolucionarios”.

En ese sentido, Cuesta Morúa subrayó que los vandalismos podrían haber estado auspiciados o incitados por el propio régimen infiltrando las demostraciones públicas.

“En todo caso hay que estar alertas y nosotros vamos a apoyar, hasta donde podamos, a todos esos ciudadanos que decidieron manifestarse pacíficamente”, dijo Cuesta Morúa.

La fiscal informó, además, que hay varias personas a las que “se le han impuesto multas administrativas. En otros casos han sido puestos en libertad con medidas cautelares no detentivas como fianza, reclusión domiciliaria, una obligación contraída en acta por la que debe acudir a la unidad de la Policía y estar localizable».

Aunque las autoridades pretenden hacer creer que las marchas fueron estimuladas desde los Estados Unidos y que en ellas participó la lacra social, los cubanos ahora tienen una apreciación diferente sobre su inconformidad y su capacidad de movilización.

“Ha comenzado un gran camino de apertura y creo que la sociedad cubana acaba de enviar un mensaje al gobierno cubano que simplemente no le quieren”, concluyó Cuesta Morúa

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