31/08/2021

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Nuevas leyes de seguridad cibernética profundizarán la represión del gobierno cubano, advierte PEN América

PEN América advirtió este lunes que los nuevos proyectos de ley sobre seguridad cibernética adoptados en Cuba crearán «prohibiciones criminales» a la publicación online de información crítica al gobierno, lo que la organización considera como «un ataque directo a la libre expresión».

El Decreto Ley 35 y la Resolución 105 profundizarán la represión del gobierno hacia las voces disidentes online y y son una muestra de la continua censura y criminalización de la libertad de expresión por parte del régimen de La Habana, dijo la organización en un comunicado.

«Estas regulaciones amenazan con enterrar aún más la libertad artística y creativa en Cuba, dando a las autoridades nuevas herramientas para silenciar el discurso crítico en línea”, subrayó Julie Trebault, directora del programa de Conexión de Artistas en Riesgo de PEN América, según cita el comunicado.

Las nuevas medidas salen a la luz tras las históricas protestas del 11 de julio en varias localidades de la isla, en las que miles de cubanos salieron a las calles para exigir libertad, un cambio de rumpo político en el país y mejores condiciones de vida. La respuesta del gobierno a esas manifestaciones pacíficas fue una encarnizada represión.

«Condenamos enérgicamente las acciones del gobierno de Miguel Díaz-Canel contra las voces críticas. Estas nuevas regulaciones parecen haber sido desarrolladas en respuesta directa a las protestas pacíficas que han surgido en Cuba en los últimos meses», señaló Romana Cacchioli, directora ejecutiva de PEN International.

Cacchioli apuntó que, a medida que la gente en Cuba da voz a sus preocupaciones, la respuesta del gobierno se centra en «cómo silenciar más eficazmente esta expresión». La directiva del PEN celebró que los artistas y escritores cubanos hayan dado un «ejemplo de valentía al enfrentarse a un gobierno represivo que no garantiza el pleno ejercicio de los derechos humanos de sus ciudadanos».

El Decreto Ley 35 penaliza la difusión de contenidos “contrarios a los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado” o que “inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público”, así como la difusión de noticias falsas, información ofensiva , o «difamación que afecte el prestigio del país», recuerda el texto.

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