02/09/2021

Patria y Vida

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Lluvia de condenas judiciales para los revendedores y ‘coleros’ en Villa Clara

En los seis primeros meses de este año, 78 personas fueron juzgadas por delitos vinculados a la especulación y el acaparamiento en Villa Clara y solo cinco fueron absueltas. Las demás acabaron con penas de prisión, a veces conmutadas con trabajo correccional, muchos fueron multados y a todos se les decomisaron los bienes implicados.

Los datos los ha facilitado Yunieska Gómez Montero, vicepresidenta del Tribunal Provincial Popular, para uno de los frecuentes artículos con los que Granma recuerda la gravedad de las actividades económicas ilícitas por «exprimir el bolsillo de los que trabajan», insta a la población a denunciar y admite que el fenómeno prolifera «a plena luz del día» sin que las autoridades hagan algo.

El texto empieza con un caso real -con aspecto de fábula- en el que un sufrido y prestigioso médico villaclareño aprovecha el escaso tiempo libre que le brinda la pandemia para ir a comprar. En las calles de Santa Clara se topa con un revendedor que le pide 200 pesos por papel higiénico y acaba haciéndole una compra de varios productos por un total de 2.000 pesos porque no tiene tiempo para hacer colas.

La nota, titulada Revendedores ofertan, ¿salvación o abuso descarado? admite que hay una proliferación de revendedores y «acaparadores» y la atribuye al desabastecimiento existente porque los recursos del Estado se emplean en el combate de la pandemia, aunque tampoco deja pasar la oportunidad de señalar al embargo. «No hay modo que pueda obviarse y no acusar, tantas veces como sea posible, esa política hostil que pasa los 60 años como grillete en la garganta del país», dice.

La lista de los productos incautados en los operativos de Villa Clara es larga, la mayoría «desfalcados de tiendas y almacenes estatales», pero también de las tiendas en divisas «sustraídos en complicidad con personal de esos centros»

La lista de los productos incautados en los operativos de Villa Clara es larga: detergentes, peróxido, desodorantes, acondicionador para el cabello, perfumes y colonias, pañales, tinte del pelo, pasta dental, cremas faciales, cosméticos, frijoles, arroz, cigarros, cemento, bombillos, café, embutidos, carnes, aceites, leche en polvo, azúcar, bebidas alcohólicas… «la mayoría de los cuales fueron desfalcados de tiendas y almacenes estatales», pero también de las tiendas en divisas «sustraídos en complicidad con personal de esos centros».

En total, desde julio de 2020, la Fiscalía de Villa Clara ha trabajado en 217 procesos en los que han sido sancionadas 176 personas, de las que 13 fueron privadas de libertad, 55 internadas en un correccional para trabajar, 64 a trabajo correccional sin internamiento, 11 a limitación de libertad, y 33 sancionadas con multas.

El texto recuerda que coleros y revendedores actúan con total impunidad y a la vista de todos, pero que aún peor es la venta a través de redes sociales y páginas como Revolico, porque son más numerosos e invisibles y ofrecen incluso medicamentos.

La nota reconoce que hay personas desesperadas que no ven otra solución que comprar por estos canales y que las tiendas virtuales del Estado no funcionan como deberían, empujando a muchos a estas vías alternativas, pero insta a denunciar a quienes se aprovechan de la necesidad de otros.

«Es inmoral que alguien se aproveche de las facilidades para importar medicamentos, alimentos y productos de aseo, para, luego, meroliquear con ellos. Por ese resquicio también escapan quienes sustraen fármacos de los hospitales», dice un presunto denunciante de Santa Clara.

La prensa oficial aborda con frecuencia este tipo de informaciones para recordar a la población las consecuencias del acaparamiento, la sustracción o la venta ilegal de productos, pero alterna este discurso y la exhibición de operaciones y medidas punitivas con una permisividad rampante, cuando no participa directamente en ella.

Muchos expertos consideran que el temor a un estallido social es el principal motivo para que las autoridades no se decidan a aplicar de manera rigurosa y generalizada las medidas contra estas prácticas.

 

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