27/07/2021

Patria y Vida

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Cuba confirma casi una veintena de juicios por protestas

Las 19 causas con sus 59 involucrados –con los delitos de menor gravedad– abarcarían una parte de las personas detenidas.

Organizaciones del extranjero como Human Rights Watch y grupos de activistas locales hicieron listas que llegaron a sumar unas 600 personas. Un oficial del ministerio dijo en días pasados que algunos habían sido sencillamente liberados y otros multados.

También se desconoce cuantas personas fueron heridas –aunque se reportó un muerto–, incluyendo algunos simpatizantes del gobierno que salieron a contrarrestar las marchas de protesta. Desde entonces no se produjeron nuevas manifestaciones.

Entrevistas realizadas por AP en los días previos dieron cuenta del desarrollo de los juicios. Parientes o conocidos de los encauzados se quejaron de la falta de abogados –aunque los procesos sumarios admiten esta posibilidad–, de que se les avisó de las vistas orales cuando ya habían terminados, no se les informó sobre las sentencias o no se permitió ver a los presos o llamarlos por teléfono.

Las manifestaciones, las más importantes realizadas en décadas, pedían acción del gobierno en temas como la escasez o la carestía y los cortes de luz, pero también cambios en el modelo político. Miles de simpatizantes del gobierno también salieron a las calles, pero a defender la revolución y las autoridades culparon a las redes sociales de atizar las tensiones mediante una campaña de mentiras.

Cuba vive una fuerte crisis económica derivada del golpe de la pandemia y las sanciones de Estados Unidos que se ajustaron dramáticamente en los años anterior para presionar mediante la asfixia financiera un cambio en el modelo político.

Por su parte, la Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda, aseguró el sábado que la dependencia está vigilando que haya transparencia en los procesos, aunque reconoció que la “carga subjetiva” del momento también afecta a los jueces, quienes están sometidos a un código de ética.

El presidente Miguel Díaz-Canel y varios altos funcionarios llamaron “delincuentes” a los manifestantes, aunque el mandatario reconoció que también había entre ellos personas con reclamos legítimos.

Tanto Remigio Ferro como Peña descartaron por el momento una amnistía para los presos pues se trata de una decisión política –que no les compete como magistrados– y porque las causas están en proceso.

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